Por El Latino Newsroom
La administración del presidente Donald Trump acudió este lunes a la Corte Suprema de Estados Unidos con el objetivo de obtener autorización para implementar una polémica orden ejecutiva relacionada con el voto por correo antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato previstas para noviembre.
La solicitud representa un nuevo capítulo en la disputa legal sobre las reglas electorales y podría convertirse en uno de los casos más importantes que el máximo tribunal del país deba resolver antes de que millones de estadounidenses acudan a las urnas.
El Departamento de Justicia pidió a los magistrados suspender temporalmente las decisiones de tribunales inferiores que mantienen bloqueada la orden ejecutiva en aproximadamente la mitad del territorio nacional. Si la Corte Suprema concede la petición, el gobierno podría comenzar a aplicar medidas que modificarían la manera en que se distribuyen las boletas enviadas por correo.
La acción judicial se produce en un momento especialmente sensible para el sistema electoral estadounidense, cuando ya comenzaron los preparativos para las elecciones legislativas y continúa el debate político sobre la seguridad de los comicios y el acceso al voto.
Desde hace varios años, Trump ha insistido en que el voto por correo presenta vulnerabilidades que podrían facilitar irregularidades electorales, una afirmación que ha sido ampliamente cuestionada por expertos electorales y que no ha sido respaldada por evidencias de fraude generalizado en las elecciones presidenciales de 2020.
Ahora, su administración intenta que la Corte Suprema le permita aplicar nuevas reglas antes de que inicie el proceso electoral de noviembre.
La propuesta enfrenta resistencia de estados y especialistas en derecho electoral
La orden ejecutiva firmada por Trump en marzo instruye a distintas agencias federales para crear un mecanismo nacional que permita verificar qué ciudadanos son elegibles para votar mediante correo.
Entre las principales medidas contempladas se encuentra la creación de una lista federal de ciudadanos con derecho al voto, elaborada con información proporcionada por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y la Administración del Seguro Social.
Asimismo, la orden dispone que el Servicio Postal entregue boletas de voto por correo únicamente a las personas cuyos nombres aparezcan en ese registro.
La Casa Blanca sostiene que estas medidas fortalecerían la integridad del sistema electoral al impedir que personas no autorizadas reciban boletas por correo y al establecer un proceso uniforme de verificación.
Sin embargo, la iniciativa ha generado una fuerte oposición por parte de funcionarios estatales y organizaciones que defienden los derechos electorales.
Un total de 23 estados, todos gobernados por administraciones demócratas, además del Distrito de Columbia, presentaron una demanda argumentando que el presidente carece de autoridad constitucional para modificar las reglas electorales de esa manera.
Según los demandantes, la Constitución asigna principalmente a los estados y al Congreso la responsabilidad de establecer las normas para administrar las elecciones federales.
Los fiscales generales sostienen además que permitir la entrada en vigor de la orden ejecutiva podría generar confusión entre los votantes, provocar retrasos administrativos y afectar el acceso al sufragio de ciudadanos que cumplen con los requisitos legales.
Los abogados de los estados también advirtieron que la creación de un registro federal podría abrir la puerta a errores administrativos o exclusiones indebidas de votantes elegibles.
Hasta el momento, dos instancias judiciales han dado la razón a los demandantes.
Primero, una jueza federal en Massachusetts bloqueó la aplicación de la orden ejecutiva mientras continúa el litigio.
Posteriormente, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito confirmó esa decisión mediante una votación dividida durante el fin de semana, manteniendo suspendida la medida.
Ante ese escenario, el Departamento de Justicia decidió acudir directamente a la Corte Suprema solicitando una suspensión de las órdenes judiciales inferiores mientras se desarrolla el proceso legal.
En su petición, el gobierno sostiene que las decisiones de los tribunales limitan la capacidad del Poder Ejecutivo para coordinar acciones entre agencias federales relacionadas con la administración de programas nacionales.
Por el contrario, los estados consideran que permitir la entrada en vigor de la orden antes de que exista una decisión definitiva podría alterar las reglas del proceso electoral cuando muchas jurisdicciones ya trabajan en la preparación de las elecciones.
La controversia llega además en un contexto político especialmente intenso.
Pocas horas antes de que el Departamento de Justicia presentara su solicitud ante la Corte Suprema, Trump volvió a expresar públicamente sus dudas sobre el sistema electoral estadounidense durante un discurso en el que insistió en la necesidad de reforzar los controles para evitar posibles irregularidades.
Sus declaraciones mantienen viva una discusión que comenzó tras las elecciones presidenciales de 2020 y que continúa siendo uno de los temas centrales dentro del debate político nacional.
Mientras tanto, numerosos expertos en derecho constitucional consideran que el caso podría definir con mayor claridad hasta dónde llegan las facultades del presidente en materia electoral y cuál es el papel del gobierno federal frente a las atribuciones de los estados.
La Corte Suprema no ha indicado cuándo podría pronunciarse sobre la solicitud de emergencia presentada por la administración Trump.
No obstante, debido a la cercanía de las elecciones legislativas, se espera que los magistrados actúen con relativa rapidez para determinar si la orden ejecutiva puede entrar en vigor mientras continúa el litigio en tribunales inferiores.
La decisión podría tener consecuencias importantes para millones de votantes, especialmente en aquellos estados donde el voto por correo constituye una de las principales modalidades para participar en las elecciones.
También podría marcar el rumbo de futuros litigios relacionados con la administración de elecciones federales y la distribución de competencias entre el gobierno nacional y los estados.
Más allá del resultado inmediato, el caso refleja la persistente tensión política en torno al sistema electoral estadounidense y anticipa que las reglas para votar volverán a ocupar un lugar central durante la campaña rumbo a las elecciones legislativas de noviembre.
Para analistas políticos, cualquier decisión que adopte la Corte Suprema tendrá un impacto que trascenderá este proceso electoral, ya que podría convertirse en un precedente sobre el alcance de las órdenes ejecutivas presidenciales en asuntos tradicionalmente administrados por los estados.
Con el calendario electoral avanzando y los preparativos en marcha, la resolución del máximo tribunal será seguida de cerca por funcionarios electorales, partidos políticos, organizaciones civiles y millones de ciudadanos que participarán en los próximos comicios.
