Por Redacción
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Una audiencia pública del Departamento de Regulación de Pesticidas (DPR), celebrada el jueves 16 de enero, se convirtió en un caos cuando más de una docena de manifestantes simularon un simulacro de “muerte en el suelo” y los adolescentes desplegaron carteles bilingües en los que llamaban “racista” a la agencia.
Unas 100 personas se habían reunido en el Centro Nacional Steinbeck de Salinas para criticar el Proyecto de Norma del DPR sobre el uso del pesticida cancerígeno 1.3-dicloropropeno, también conocido como 1.3-D ó “Telone”.
El estallido se produjo después de que 40 personas que se pronunciaron en la junta y denunciaran la regulación propuesta por la Agencia, que aplica un estándar de riesgo de cáncer de por vida más estricto a los “espectadores ocupacionales” (trabajadores agrícolas en campos adyacentes), pero permite niveles de exposición más altos para niñ@s y residentes cercan@s.
Los oradores cuestionaron repetidamente por qué las cifras del DPR sugieren que niñ@s y los adult@s que no trabajan pueden estar expuestos a casi 14 veces más, 0.56, que l@s trabajadores adult@s antes de superar el objetivo del estado.
Según el proyecto de norma, el DPR se basa en el supuesto de que obreros que se encuentran en el trabajo se enfrentan a un promedio de 0.21 partes por mil millones (ppb) de 1.3-D durante 8 horas al día, 5 días a la semana, a lo largo de una vida laboral de 40 años.
La DPR sostiene que este nivel equivaldría a un día completo de 24 horas con 0.04 ppb, que es el estándar establecido por la Oficina de Evaluación de Riesgos para la Salud Ambiental de California, u OEHHA.
Sin embargo, la exposición diaria propuesta por el DPR para niñ@s y residentes sigue siendo de 0.56 ppb, en línea con la agenda impulsada por la empresa Dow Chemical, el principal fabricante del pesticida.

“Es bueno que el DPR finalmente esté utilizando los hallazgos de la OEHHA para algun@s. Pero ¿por qué no para tod@s?”, expresó Jacob Sandoval, Director Estatal de la Liga de Ciudadan@s Latinoamerican@s Unid@s de California.
“No es científico decir que l@s niñ@s, en su mayoría latin@s, tienen una tolerancia al riesgo de cáncer a lo largo de la vida diferente a la de l@s adult@s. Tod@s deberían recibir la misma regulación protectora de la salud”, recalcó Sandoval.
Algun@s oradores calificaron el enfoque del estado de “separado y desigual”, señalando que la OEHHA designó el 1.3-D en junio de 2022 con un nivel de riesgo no significativo de 3.7 microgramos por día, lo que equivale a 0.04 ppb en el aire.
En enero de 2024, el DPR estableció un estándar más alto de 0.56 ppb para los transeúntes residenciales, que según los críticos permite una exposición mucho mayor que la cifra de la OEHHA.
Y es que Dow Chemical había abogado por un límite diario que se traduce en 0.56 ppb del 1.3-D.
“¿Dónde está este trabajador agrícola que solo trabaja de 8 a. m. a 4 p. m. y nunca está expuesto al 1.3-D antes o después del trabajo, incluida la infancia y la jubilación? Esta regulación no protegerá a nadie”, indicó la Dra. Ann López, Directora Ejecutiva del Centro para Familias de Trabajadores Agrícolas.
UN PROBLEMA EN SM, VENTURA Y OXNARD
Es así como l@s opositores también citaron datos de seis monitores de aire estatales, que según ell@s han registrado concentraciones promedio de 1.3-D por encima del umbral de 0.04 ppb de la OEHHA.
Precisamente tres de esos monitores están en el Condado de Santa Bárbara y Ventura, uno cerca de la escuela Primaria Ohlone, otro en la Escuela Primaria Bonita en Santa María y Secundaria Rio Mesa en Oxnard.
Kari Aist, maestra del área de Ventura, indicó que a muchos estudiantes y personal de su Distrito se les ha diagnosticado cáncer y que la mayoría de los afectados son personas de minorías.
«La preparatoria Rio Mesa, por ejemplo, rodeada de campos, está compuesta en un 94% por personas de color. Esos son l@s niñ@s que seguirán estando expuestos al 1.3-D. La regulación del DPR es una política de racismo ambiental sin dudas», aseguró Aist.
Según datos del Gobierno, los condados de California con poblaciones mayoritariamente latinas ven 10 veces más uso de 1.3-D por persona, que los condados con poblaciones latinas más pequeñas.
Los críticos argumentan que la política actual del DPR seguirá exponiendo a las comunidades de trabajadores agrícolas latin@s a mayores riesgos para la salud.
“El impacto de la regulación ‘separada y desigual’ del DPR es más dinero para Dow Chemical y más cáncer para nuestras comunidades de trabajadores agrícolas. Es una política racista”, explicó Yanely Martínez, organizadora de Californians for Pesticide Reform.
El 1.3-D, fue registrado por primera vez en los Estados Unidos en 1954 y en California en 1970, es un fumigante del suelo que se utiliza principalmente en cultivos de fresas y uvas en la Costa Central y almendras y nueces en el Valle de San Joaquín, se inyecta en el suelo o se aplica mediante líneas de goteo y, a veces, se cubre con lonas para limitar la deriva.

Ha sido fabricado por Dow Chemical bajo la marca Telone II, y es un líquido incoloro a pajizo con un olor fuerte, dulce e irritante.
Es un pesticida fumigante propenso a la deriva que se utiliza para matar organismos en el suelo antes de la plantación,.
El pesticida ha sido prohibido en 40 países, pero sigue siendo legal en los Estados Unidos, California prohibió su uso entre 1990 y 1995 después de que se encontraran altas concentraciones en el Valle Central.
El compuesto está catalogado como carcinógeno de la Proposición 65 y como contaminante tóxico del aire por el estado de California.
La exposición aguda puede causar irritación de la piel y la nariz y, en dosis altas, problemas de salud más graves, como dolores de cabeza, náuseas y dificultades respiratorias.
La exposición crónica a cantidades incluso minúsculas a lo largo del tiempo puede provocar cáncer y daños en el revestimiento de la nariz.
«Nuestras regulaciones deben estar impulsadas por la ciencia que protege la salud», explicó Angel García, codirector de Californians for Pesticide Reform.
“Si el DPR puede salirse con la suya manipulando sus regulaciones para evitar las conclusiones de los toxicólogos de nuestro estado en la OEHHA, lo harán una y otra vez. Este es el enfoque de Trump para la regulación: las ganancias antes que las personas. Debemos resistirnos a eso e insistir en que la ciencia impulse la política en California y en este momento sobre el 1.3-D”, aseguró García.
Los funcionarios del DPR no respondieron a las solicitudes de comentarios durante la audiencia.