Por Redacción
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Un mes después de que el presidente Donald Trump firmara una orden ejecutiva que declaraba el inglés como el único idioma oficial de Estados Unidos, comunidades de todo el país celebraron en abril el Mes del Acceso Lingüístico, un recordatorio de que la democracia funciona mejor cuando llega a todas las personas, en todos los idiomas.
A pesar de la Orden Ejecutiva 14224, que ya no exige a las agencias federales prestar servicios en idiomas distintos del inglés, los estados y municipios reafirmaron su compromiso con el acceso lingüístico.
El estado de Nueva York, la ciudad de Salem, Massachusetts, y el condado de Cook, Illinois, entre otros, aprovecharon el mes para destacar su labor continua.
Desde la creación de recursos multilingües hasta la capacitación del personal y la distribución de tarjetas «Yo hablo» en 34 idiomas, estos esfuerzos demostraron que el acceso lingüístico va mucho más allá del simbolismo.
El trabajo no terminó el 30 de abril.
En todo el país, gobiernos locales, organizaciones de defensa y comunidades llevan mucho tiempo invirtiendo en la construcción de infraestructura para garantizar que las personas que no hablan inglés puedan acceder a servicios vitales, y continúan haciéndolo, reconociendo que esto es un imperativo de los derechos civiles.
EL FUNDAMENTO JURÍDICO Y UN NUEVO DESAFÍO
El acceso lingüístico no es simplemente una buena práctica; es un derecho legal arraigado en el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación por origen nacional.
Este marco legal se ha consolidado y ampliado mediante sentencias judiciales y directrices federales que exigen un acceso lingüístico significativo en los programas y servicios financiados con fondos federales.
Sin embargo, la Orden Ejecutiva 14224 de la administración Trump marcó un cambio radical en la política.
No solo elimina la obligación federal de prestar servicios en idiomas distintos del inglés, sino que también otorga a las agencias un amplio margen de maniobra para decidir cuándo, cómo y si prestar servicios multilingües.
Este cambio de rumbo podría socavar décadas de progreso en materia de derechos civiles y el liderazgo federal para garantizar la igualdad de acceso.
Estados Unidos es uno de los países con mayor diversidad lingüística del mundo, con más de 430 idiomas hablados.
Inmigrantes, refugiad@s, comunidades indígenas, latin@s multigeneracionales y usuarios de la lengua de señas americana forman parte de este mosaico lingüístico.
Aunque muchos se esfuerzan por aprender inglés, hacerlo puede llevar años, un lujo del que no disponen quienes compaginan múltiples trabajos, responsabilidades de cuidado o barreras educativas.
Se espera que los refugiados, por ejemplo, alcancen la autosuficiencia económica casi inmediatamente después de su llegada, desplazándose por sistemas complejos para conseguir vivienda, empleo y atención médica, a menudo con un inglés limitado.
Esta realidad hace que los servicios lingüísticos accesibles no solo sean una cortesía, sino una necesidad.
Por qué las comunidades inclusivas son más fuertes y seguras
Garantizar que todas las personas puedan comprender la información de salud pública, denunciar delitos, matricular a sus hijos en la escuela y acceder a los servicios de emergencia beneficia a comunidades enteras.
Genera confianza en las instituciones, aumenta la participación cívica, reduce el aislamiento y mejora la seguridad pública.
Las barreras lingüísticas pueden tener graves consecuencias.
Un padre que no entiende un aviso escolar o un inquilino que no sabe interpretar un contrato de arrendamiento se enfrentan a algo más que frustración: se arriesgan a sufrir perjuicios legales, educativos y financieros.
Ofrecer servicios de traducción, interpretación y difusión multilingüe no es solo una política inclusiva, sino también la protección de los derechos civiles.
LIDERANDO CON EL EJEMPLO LOCAL
Si bien el liderazgo federal en materia de acceso lingüístico ha flaqueado, los gobiernos locales y estatales están intensificando sus esfuerzos.
En todo el país, las jurisdicciones están promulgando leyes y políticas que van más allá de lo que exigen los mandatos federales actuales:
En Colorado, una ley de 2023 (HB 23-1004) exige que las aseguradoras ofrezcan pólizas en los mismos idiomas que se utilizan en su publicidad.
Phoenix, Arizona, publicó su plan de acceso lingüístico para toda la ciudad en 2024, y la ciudad de Nueva York sigue liderando al exigir a las agencias municipales que proporcionen servicios de interpretación en más de 100 idiomas y traduzcan documentos clave a los 10 idiomas más hablados.
Washington, D.C., exige a las agencias gubernamentales que brinden servicios en varios idiomas desde 2004, bajo la supervisión de la Oficina de Derechos Humanos.
Puede que el Mes del Acceso a los Idiomas haya terminado, pero la lucha por un acceso equitativo continúa todo el año.
El idioma es más que una herramienta de comunicación; es una puerta de entrada a la participación, los derechos y la dignidad.
Garantizar que nuestros vecinos, independientemente del idioma que hablen, puedan participar plenamente en la vida cívica no es un servicio opcional.
Es un reflejo de nuestros valores: de quiénes somos y de quiénes aspiramos a ser como nación.
A medida que las comunidades siguen liderando el camino, el mensaje es claro: la verdadera inclusión requiere que nadie quede excluido de la conversación.
