Por Redacción
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió públicamente este martes que tiene la capacidad de intervenir para traer de regreso a Kilmar Armando Ábrego García, un residente de Maryland que fue deportado erróneamente a El Salvador. Sin embargo, dejó claro que no lo hará.
Durante una entrevista emitida por ABC News, el periodista Terry Moran desafió a Trump, diciéndole que bastaría una llamada presidencial para gestionar el retorno de Ábrego García. “Podría recuperarlo. Hay un teléfono en este escritorio”, le señaló Moran. Trump respondió simplemente: “Podría”.
Ante la posibilidad de que el presidente de El Salvador accediera si Trump lo solicitara, el mandatario estadounidense declaró: “Y si él fuera el caballero que usted dice que es, lo haría. Pero él no lo es”. Añadió que no es él quien toma esa decisión y culpó a los abogados del Gobierno por negarse a facilitar el regreso de Ábrego García.
La admisión de Trump contradice las declaraciones previas de sus asesores, quienes han sostenido que Estados Unidos carece de la autoridad para recuperar a Ábrego García porque se encuentra bajo custodia del Gobierno salvadoreño. Esto, a pesar de que la Corte Suprema falló que la administración tiene la obligación de “facilitar” su regreso.
El caso de Ábrego García ha generado indignación nacional e internacional. Fue deportado el 12 de marzo a pesar de un fallo judicial de 2019 que prohibía su envío a El Salvador por riesgo a su vida. El juez determinó entonces que Ábrego era perseguido por una pandilla en su país natal debido al negocio familiar de pupusas que operaba.
La administración Trump justificó la deportación alegando que una “fuente confiable” lo vinculaba con la pandilla MS-13, organización que el Gobierno ha designado como grupo terrorista. Sin embargo, tanto Ábrego como su familia han negado la acusación, y al menos un juez federal ha expresado escepticismo sobre la supuesta evidencia.
En la entrevista con ABC, Trump repitió la acusación, señalando que los tatuajes de Ábrego —incluyendo imágenes de calaveras cubriendo sus ojos, oídos y boca— son “indicativos de cultura de pandillas hispana”. Pero varios expertos en migración y derechos humanos han desestimado que los tatuajes por sí solos puedan probar afiliación criminal.
Por su parte, el presidente salvadoreño Nayib Bukele ha sido tajante en su negativa a liberar a Ábrego García. En una reunión reciente con Trump, Bukele afirmó que su gobierno “no está dispuesto a liberar a terroristas” y reiteró que el migrante permanecerá bajo custodia.
La secretaria de Justicia de EE.UU., Pam Bondi, respaldó esta postura afirmando que la decisión ahora recae en El Salvador.
“No nos corresponde a nosotros. Depende de ellos si quieren devolverlo”, dijo a la prensa.
El caso ha movilizado a activistas y defensores de derechos humanos. El pasado 19 de abril, manifestantes se reunieron en Nueva York portando pancartas con la imagen de Ábrego García, exigiendo su regreso. En Maryland, su esposa Jennifer Vásquez Sura ha encabezado conferencias de prensa y acciones legales para revertir la deportación, argumentando que su esposo no representa una amenaza y que fue víctima de un proceso administrativo fallido.
Ábrego García, quien llegó a Estados Unidos en 2011, es padre de tres hijos nacidos en el país. Un juez de inmigración suspendió su deportación en 2019, autorizando su permanencia bajo condición de que no regresara a El Salvador, pero permitiendo una eventual reubicación en un tercer país. Esa orden fue ignorada cuando fue detenido y deportado el mes pasado.
El martes, el juez que supervisa el caso acusó al Gobierno federal de actuar de mala fe y de incumplir su deber de proporcionar información clave.
“Este no es un simple error administrativo. Es una decisión deliberada que pone en peligro una vida humana”, expresó.
El destino de Ábrego García permanece incierto. Mientras el presidente Trump insiste en que no es su responsabilidad, las presiones legales y políticas se intensifican en torno a una administración que continúa desafiando las decisiones judiciales y los principios básicos del debido proceso.
