Por Redacción
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La presión contra las voces críticas del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador se ha intensificado en las últimas semanas, con arrestos de abogados, activistas y un creciente éxodo de periodistas, en un contexto de creciente autoritarismo que, según expertos, se ve respaldado por su cercana relación con el expresidente de EE.UU., Donald Trump.
“Aquí el que hable, el que critique, el que no se arrodille ante el ídolo, va preso”, advirtió el abogado constitucionalista Enrique Anaya el 3 de junio en la televisión salvadoreña. Cuatro días después, fue detenido por cargos de lavado de dinero.
La detención de Anaya se suma al arresto de la abogada Ruth Eleonora López, procesada por presunto enriquecimiento ilícito, tras denunciar más de 50 casos de corrupción desde su rol en la organización Cristosal. Ambas detenciones han sido interpretadas por organizaciones nacionales e internacionales como una ofensiva directa del gobierno contra las voces opositoras.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó preocupación por lo que calificó como «represalias por su labor de defensa de los derechos humanos» y denuncias sobre abusos dentro de las cárceles, en el marco del régimen de excepción impuesto desde 2022.
Apoyo desde Washington
Expertos consultados por BBC Mundo señalan que Bukele se siente envalentonado por su alianza con Donald Trump. Enrique Roig, exsubsecretario adjunto del Departamento de Estado, sostuvo que “cree, con razón, que no recibirá críticas de esta administración, como sí ocurrió durante el mandato de Biden”.
La relación con Trump, quien ha elogiado repetidamente la gestión de Bukele, se ha consolidado especialmente en temas migratorios. El Salvador se ha vuelto un aliado clave en las políticas de deportación estadounidenses, lo que, según analistas, disminuye la presión diplomática sobre los crecientes abusos internos.
Represión bajo el régimen de excepción
El régimen de excepción, implementado en marzo de 2022 con prórrogas continuas hasta sumar 38, ha sido el pilar del llamado «Plan de Control Territorial». La medida ha permitido la detención masiva de presuntos pandilleros y ha reducido los homicidios, pero también ha colocado a El Salvador entre los países con mayor tasa de encarcelamiento del mundo.
Activistas y defensores de derechos humanos denuncian que el régimen ha sido utilizado para criminalizar la disidencia y restringir libertades fundamentales.
“Todas las imputaciones son por mi actividad jurídica”, declaró López a la prensa. “Soy inocente. Soy una presa política”.
Además de Anaya y López, organizaciones como Cristosal han documentado la detención de al menos una decena de defensores y líderes comunitarios solo en mayo.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) informó de un «éxodo masivo» de comunicadores. Se estima que al menos 40 periodistas han abandonado el país debido a amenazas, acoso e intentos de detención.
Uno de los casos más notorios es el del medio digital El Faro, cuyo equipo salió del país tras publicar un video donde presuntos líderes de pandillas aseguran haber negociado con allegados de Bukele. El presidente y su gabinete han negado cualquier pacto, aunque el Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó a dos funcionarios salvadoreños por esos supuestos acuerdos.
Óscar Martínez, editor jefe de El Faro, afirmó en la red X que evitaron volver a El Salvador tras saber que serían arrestados en el aeropuerto. “Por haber hecho periodismo, por denunciar los pactos de Bukele con las pandillas”, escribió.
Otros periodistas, incluso sin un perfil público, han tomado decisiones similares. Una reportera de investigación que habló bajo anonimato relató haber salido del país tras ser advertida de que figuraba en una lista de “objetivos prioritarios de arresto”.
Ley de Agentes Extranjeros
La ofensiva del gobierno también se manifiesta en el ámbito legal. El 20 de mayo, la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, aprobó la Ley de Agentes Extranjeros, que impone un impuesto del 30 % a donaciones internacionales recibidas por organizaciones y medios, exige registro obligatorio y obliga a detallar el uso de los fondos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, dijo que los afectados “podrán seguir gritando lo mismo”, pero deberán cumplir con los requisitos. La legislación no aclara cómo se utilizarán los fondos recaudados.
Analistas advierten que la ley podría usarse como herramienta de censura financiera. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la delegación de la Unión Europea han expresado su preocupación, señalando que la norma contradice obligaciones internacionales y restringe el trabajo de la sociedad civil.
Pese a las amenazas, algunos activistas y periodistas siguen alzando la voz desde el exilio. La directora del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), Ingrid Escobar, abandonó el país luego de que le advirtieran de una orden de arresto en su contra. El SJH ha documentado más de 10.000 detenciones supuestamente arbitrarias y la muerte de más de 400 personas bajo custodia estatal.
Andrés Guzmán Caballero, quien hasta inicios de junio fue comisionado presidencial para los Derechos Humanos, defendió la actuación del gobierno y dijo que su oficina revisó todos los casos recibidos. “No hay un solo expediente abierto por desapariciones, homicidios o torturas dentro del sistema carcelario”, afirmó.
No obstante, la creciente represión, la criminalización de la disidencia y la falta de transparencia institucional han generado alarma. Para muchos salvadoreños que abandonan el país, la decisión no ha sido fácil, pero la consideran necesaria.
“Salí con una mochila y poco más”, dijo la periodista anónima desde un país vecino. “No creo que sea un momento para sentarse a esperar”.
