Por Redacción
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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones este lunes contra dos bancos mexicanos y una casa de bolsa por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero vinculadas al tráfico de fentanilo, intensificando la presión financiera sobre el narcotráfico y enviando un mensaje claro a México y sus instituciones financieras.
Las entidades señaladas son CIBanco, Intercam Banco y la casa de bolsa Vector, a quienes Washington acusa de facilitar pagos a empresas en Asia —principalmente en China— para adquirir precursores químicos utilizados en la fabricación de fentanilo, una droga sintética responsable de decenas de miles de muertes cada año en Estados Unidos.
“Estados Unidos no cesará en sus esfuerzos para frenar la expansión del fentanilo. Esta lucha incluirá a todos los actores que faciliten directa o indirectamente su cadena de suministro”, señaló el Tesoro en un comunicado.
Llamado a la cooperación con México
La acción forma parte de una estrategia más amplia de Estados Unidos para cortar los flujos financieros del crimen organizado a través de mecanismos bilaterales con México. En este caso, el gobierno estadounidense notificó con antelación al gobierno mexicano, y según confirmó la Secretaría de Hacienda, se han iniciado revisiones administrativas en las instituciones señaladas.
“Se han detectado problemas administrativos que ya han sido sancionados”, indicó Hacienda. Sin embargo, subrayó que aún se está a la espera de evidencias concretas de actividades ilícitas para proceder conforme a la ley. Hasta el momento, las investigaciones en México identifican únicamente “algunas transferencias electrónicas” hacia empresas chinas “legalmente constituidas”, algo que, según el gobierno, ocurre con frecuencia en operaciones bancarias internacionales.
Un mensaje simbólico y político
Especialistas señalan que, aunque las sanciones no representan el mayor golpe financiero que haya dado Estados Unidos contra instituciones relacionadas con el narcotráfico, el simbolismo del acto es contundente.
“Esto forma parte del marco de la lucha frontal contra el fentanilo, que no se va a detener”, explicó Cecilia Farfán-Méndez, jefa del Observatorio para América del Norte de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional. La analista también subrayó la contradicción de que, durante la administración de Donald Trump, se flexibilizaron algunas normativas de control financiero que hoy facilitan el lavado de dinero.
Por su parte, Guillermo Valdés, exdirector del desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), consideró que muchas empresas podrían estar siendo utilizadas sin tener conocimiento de que están facilitando operaciones ilícitas.
“Cuando dirigía el CISEN, detectamos empresas que exportaban productos agrícolas sin saber que eran utilizadas para lavar dinero”, relató Valdés, quien advirtió que si bien las acusaciones no necesariamente implican intencionalidad, sí representan un golpe reputacional significativo para las instituciones involucradas.
La sanción recuerda casos anteriores, como el del banco HSBC en México o el reciente acuerdo de culpabilidad alcanzado por el TD Bank en Estados Unidos por cargos similares. La ofensiva actual se enmarca en un contexto más amplio de persecución económica contra organizaciones del narcotráfico, en especial aquellas vinculadas al fentanilo.
El Departamento del Tesoro también congeló recientemente los bienes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho», líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, así como de otros tres líderes de esa organización. Igualmente, el pasado 14 de junio se anunció un golpe financiero contra empresarios de Mazatlán presuntamente vinculados al Cártel de Sinaloa y a Víctor Manuel Barraza Pablos, operador de «Los Chapitos».
Presión internacional sostenida
La administración Biden ha reiterado su intención de mantener una cooperación estrecha con México en la lucha contra el lavado de dinero. Durante los últimos años, se han realizado reuniones periódicas entre autoridades del Tesoro estadounidense y la Secretaría de Hacienda mexicana, así como con representantes del sector privado, para reforzar la vigilancia de flujos financieros.
“La presión estadounidense busca establecer responsabilidades no solo penales, sino también administrativas y reputacionales”, concluyó Farfán-Méndez. “El fentanilo es ahora la prioridad absoluta en la agenda bilateral, y este tipo de medidas demuestran que se atacará el problema desde todos los frentes posibles”.
