Por Redacción
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La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este lunes al expresidente Donald Trump a avanzar con la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) que protege de la deportación a cientos de miles de venezolanos que residen en el país. La decisión, tomada con el único voto disidente de la jueza Ketanji Brown Jackson, podría afectar directamente a más de 300.000 personas a partir de la próxima semana.
El fallo representa un giro legal significativo para la comunidad venezolana, muchos de cuyos miembros han construido sus vidas en EE. UU. al amparo de este programa humanitario creado por el Congreso en 1990, destinado a ciudadanos de países con condiciones inseguras para el retorno, como guerras, desastres naturales o crisis políticas extremas.
El contexto del fallo
El caso llegó al máximo tribunal luego de que siete ciudadanos venezolanos beneficiarios del TPS, junto con organizaciones de defensa de migrantes, impugnaran la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de revocar la protección para esta comunidad.
Los demandantes alegaban que la medida violaba la Ley de Procedimiento Administrativo, que requiere procesos y justificaciones claras para cambios de política federales, y argumentaban que la decisión estaba motivada por sesgos raciales y políticos.
Aunque un tribunal federal de distrito en California bloqueó temporalmente la orden en marzo, la Corte Suprema decidió este lunes que la administración Trump sí tenía autoridad para rescindir la designación de TPS emitida en 2023 por la gestión Biden.
Consecuencias inmediatas para los venezolanos
Con el fallo, más de 300.000 venezolanos que actualmente cuentan con TPS perderán su protección a partir de la próxima semana. Además, otros 250.000 migrantes venezolanos que llegaron antes de 2023 perderán su estatus en septiembre si no se producen cambios legislativos o administrativos.
La jueza Jackson expresó su desacuerdo señalando que la acción del gobierno no consideró adecuadamente el impacto humanitario ni cumplió con los requisitos legales de revisión.
Antecedentes del TPS para venezolanos
La administración Biden otorgó inicialmente el TPS a ciudadanos venezolanos en marzo de 2021, citando la creciente inestabilidad política y humanitaria del país sudamericano. Posteriormente, en 2023, amplió el programa con una nueva designación de 18 meses, semanas antes de dejar el cargo. Esa última designación es la que ahora ha sido anulada.
Durante su mandato previo, Trump describió la situación en Venezuela como “la peor crisis humanitaria del hemisferio occidental”, aunque no otorgó TPS en ese momento, sino otras formas de protección temporaria a ciertos migrantes venezolanos.
Críticas desde el poder judicial
El juez federal Edward Chen, quien inicialmente bloqueó la medida de Noem, destacó en su fallo que Venezuela sigue siendo un país extremadamente riesgoso. Citó advertencias del Departamento de Estado contra los viajes debido al alto riesgo de detenciones arbitrarias, violencia, terrorismo, secuestros, colapso sanitario y agitación social.
“El regreso de los beneficiarios del TPS a Venezuela representa una amenaza directa a su seguridad física y bienestar”, advirtió Chen en marzo.
Preocupación entre defensores y migrantes
Diversas organizaciones de derechos humanos y líderes de la comunidad migrante han condenado la decisión de la Corte Suprema. “Este fallo pone en riesgo a miles de familias que huyen de una dictadura brutal y una crisis humanitaria sin precedentes”, declaró un portavoz de la organización America’s Voice.
Los abogados de los demandantes también denunciaron que la revocación fue “arbitraria y caprichosa” y señalaron que evalúan otras vías legales y legislativas para proteger a los venezolanos afectados.
Mientras tanto, la administración Biden no ha emitido una declaración formal sobre si buscará alternativas para restaurar el estatus de protección o implementar nuevas medidas migratorias que alivien el impacto de este fallo.
