Por Redacción
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La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó este viernes que los jueces federales no tienen autoridad para emitir órdenes judiciales de alcance nacional, una decisión que marca una victoria para el expresidente Donald Trump. Sin embargo, el fallo no despeja por completo si las restricciones propuestas por Trump para limitar la ciudadanía por nacimiento podrán implementarse pronto en todo el país.
En una decisión de mayoría conservadora redactada por la jueza Amy Coney Barrett, el tribunal resolvió que los tribunales inferiores exceden su autoridad cuando emiten órdenes que se aplican más allá de las partes directamente involucradas en un caso. Esto representa un revés para una herramienta legal utilizada frecuentemente para frenar políticas federales, incluida la controversial orden ejecutiva de Trump que busca negar la ciudadanía automática a los hijos de inmigrantes indocumentados o en situación temporal nacidos en territorio estadounidense.
Un fallo de impacto limitado, por ahora
La sentencia no autoriza de inmediato la aplicación de la orden de Trump, ya que devuelve los casos a los tribunales inferiores, los cuales deberán revisar sus fallos conforme al nuevo criterio establecido. Además, se establece un período de 30 días antes de que cualquier aspecto de la política pueda entrar en vigor.
Aun así, el fallo podría generar un panorama legal fragmentado en el que diferentes estados apliquen normas distintas sobre la ciudadanía por nacimiento, una situación sin precedentes en la historia moderna del país. En total, 22 estados demandaron la política de Trump, y otros podrían adoptar posiciones dispares, dando paso a una posible “ciudadanía geográfica desigual”.
La orden de Trump, firmada el primer día de su segundo mandato, busca reinterpretar la Enmienda 14 de la Constitución, que garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en territorio estadounidense. El exmandatario argumenta que esta disposición ha sido aplicada de forma excesivamente amplia y que debería excluir a los hijos de personas sin estatus legal permanente.
Estados Unidos, junto con Canadá y México, es uno de los pocos países que aplican el principio del jus soli —el derecho al suelo—, lo que significa que cualquier persona nacida en su territorio es ciudadana, sin importar el estatus migratorio de sus padres.
El precedente clave en este ámbito es el caso Estados Unidos vs. Wong Kim Ark (1898), en el que el tribunal sostuvo que los únicos niños nacidos en EE.UU. que no adquieren automáticamente la ciudadanía son los hijos de diplomáticos, enemigos durante una ocupación hostil, y miembros de tribus indígenas soberanas.
Críticas desde ambos bandos
Desde la Casa Blanca, Trump calificó la decisión de la Corte como una “victoria monumental para la Constitución, la separación de poderes y el estado de derecho”.
Por su parte, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, arremetió contra el fallo en la red X (antes Twitter), describiéndolo como “un paso sin precedentes y aterrador hacia el autoritarismo” y señalando a la Corte como una institución “extremista MAGA”.
La jueza liberal Sonia Sotomayor emitió una fuerte disidencia, señalando que la decisión representa “una invitación abierta para que el gobierno eluda la Constitución”. Según su interpretación, el fallo permitiría que políticas posiblemente inconstitucionales se apliquen mientras los tribunales aún las revisan.
Sotomayor también destacó que en este caso la administración de Trump ni siquiera solicitó formalmente que se suspendieran los fallos de los tribunales inferiores, lo que, según ella, demuestra la debilidad legal del argumento del gobierno.
La decisión del alto tribunal no resuelve de manera definitiva la validez de las restricciones a la ciudadanía por nacimiento. Más bien, se limita a establecer las reglas que regirán mientras los casos continúan su recorrido legal. Barrett escribió que el papel de los jueces es “resolver casos y controversias de acuerdo con la autoridad que el Congreso les ha otorgado”, y no ejercer una “supervisión general del Poder Ejecutivo”.
El juez Brett Kavanaugh, parte de la mayoría, presentó una opinión concurrente en la que sugiere que los tribunales aún podrían proteger a las personas afectadas por la política incluyéndolas en una “clase nacional putativa”.
Grupos de derechos civiles, inmigrantes afectados y los estados demandantes ya han comenzado a presentar nuevos argumentos legales en los tribunales inferiores para buscar una suspensión nacional, señalando que una aplicación parcial de la orden de Trump socavaría la uniformidad constitucional del país.
Andrea Campbell, fiscal general de Massachusetts, expresó confianza en que los estados lograrán frenar permanentemente la iniciativa de Trump. “Tenemos todas las expectativas de que lograremos mantener absolutamente la 14ª Enmienda como la ley del país y, por supuesto, la ciudadanía por derecho de nacimiento también”, declaró.
Desde su anuncio, la orden ejecutiva de Trump ha sido duramente criticada por organizaciones de derechos humanos y expertos constitucionales, que sostienen que su aplicación reinterpretaría de forma drástica una disposición que ha sido fundamental para la identidad democrática de Estados Unidos desde la era posterior a la Guerra Civil.
El Departamento de Justicia, por su parte, argumentó que los jueces individuales no deberían tener la capacidad de imponer decisiones de alcance nacional, en tanto que el gobierno busca que su política se aplique de forma limitada a quienes no forman parte directa de los procesos legales.
Con la decisión de la Corte Suprema, los tribunales inferiores deberán revisar sus fallos previos bajo nuevos parámetros, y los gobiernos estatales deberán prepararse para una posible implementación parcial de la orden. Mientras tanto, el Departamento de Justicia ya ha señalado que la administración podrá emitir comunicaciones públicas sobre cómo implementará la medida si finalmente se le da luz verde.
La batalla por la ciudadanía por nacimiento, por tanto, está lejos de haber terminado. El fallo del viernes no sólo plantea un debate constitucional sobre el alcance del poder judicial, sino que también reabre una vieja disputa sobre quién tiene derecho a ser considerado estadounidense desde su primer respiro.
