Por Redacción
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Una fiscal de Minnesota presentó este lunes cargos criminales contra un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) por el tiroteo no mortal de un hombre venezolano ocurrido durante las recientes redadas migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump en Minnesota.
La fiscal del condado Hennepin, Mary Moriarty, anunció que el agente Christian Castro enfrenta cuatro cargos de agresión en segundo grado y un cargo adicional por denunciar falsamente un delito en relación con el tiroteo ocurrido el 14 de enero contra Julio César Sosa-Celis.
Durante una conferencia de prensa, Moriarty confirmó que la fiscalía emitió una orden de arresto contra el agente federal y aseguró que la investigación determinó que Sosa-Celis nunca representó una amenaza para los oficiales.
“El señor Castro es un agente de ICE, pero su placa federal no lo hace inmune a cargos estatales por su conducta criminal en Minnesota”, declaró Moriarty. “No existe tal cosa como inmunidad absoluta para los agentes federales que cometen delitos en este estado o en cualquier otro”.
El caso se ha convertido en uno de los episodios más polémicos vinculados a las operaciones migratorias realizadas recientemente en Minnesota y ha intensificado el debate sobre el uso de la fuerza por parte de agentes federales durante redadas de inmigración.
Investigación cuestiona versión inicial de agentes federales
Según la fiscalía, el incidente ocurrió cuando dos agentes federales perseguían a otro hombre hasta un dúplex donde vivían tanto ese individuo como Sosa-Celis.
Durante el operativo, uno de los agentes disparó contra Sosa-Celis y lo hirió en el muslo. Moriarty señaló que tanto Sosa-Celis como el otro hombre se encontraban legalmente en Estados Unidos al momento de los hechos.
Inicialmente, autoridades federales acusaron a Sosa-Celis y a Alfredo Alejandro Aljorna de haber atacado a un agente utilizando el palo de una escoba y una pala para nieve durante el enfrentamiento.
Sin embargo, posteriormente un juez federal desestimó los cargos y las autoridades federales iniciaron una investigación interna para determinar si dos agentes migratorios mintieron bajo juramento sobre lo sucedido.
La decisión de presentar cargos estatales contra un agente federal representa un paso poco común y podría generar tensiones legales entre autoridades estatales y federales.
El caso también ha llamado la atención de organizaciones de derechos civiles y grupos defensores de inmigrantes, quienes han denunciado durante meses presuntos abusos cometidos durante operativos migratorios en distintos estados del país.
Redadas migratorias bajo creciente escrutinio
Las redadas migratorias impulsadas bajo la administración Trump han provocado fuertes críticas por parte de funcionarios demócratas y defensores de derechos humanos, especialmente tras denuncias sobre el uso excesivo de fuerza y posibles violaciones constitucionales.
Minnesota ya había abierto investigaciones previas relacionadas con agentes federales involucrados en operativos migratorios recientes. Además, autoridades estatales demandaron anteriormente al gobierno federal para exigir acceso a pruebas relacionadas con tiroteos ocurridos durante las redadas.
El caso de Sosa-Celis se convirtió rápidamente en un símbolo del creciente conflicto político y judicial en torno a la aplicación de políticas migratorias federales en estados gobernados por líderes demócratas.
Moriarty insistió en que los agentes federales están obligados a respetar las leyes estatales y pueden ser procesados criminalmente si cometen delitos mientras realizan funciones oficiales.
Mientras tanto, funcionarios federales no ofrecieron comentarios inmediatos sobre los cargos presentados contra Castro ni sobre la orden de arresto emitida por la fiscalía estatal.
Expertos legales señalan que el caso podría derivar en una compleja disputa sobre jurisdicción y autoridad entre tribunales estatales y federales, particularmente en asuntos relacionados con agentes de inmigración.
La investigación también podría influir en futuras políticas sobre supervisión y transparencia de operativos migratorios, especialmente en ciudades y estados donde existe fuerte oposición a las medidas federales de inmigración.
Por ahora, el caso continúa bajo investigación mientras crece la presión pública para esclarecer lo ocurrido durante el operativo y determinar si hubo abuso de autoridad o falsificación de testimonios por parte de los agentes involucrados.
