Por Carlos Hernández
Editor@latinocc.com
Por décadas, la Constitución de Estados Unidos ha servido como el documento fundacional que garantiza derechos y libertades a todas las personas dentro del territorio nacional, sin importar su origen o el estatus migratorio de sus padres.
Ahora, una vez más, este texto fundamental está siendo usado como un instrumento político para dividir y alimentar discursos populistas.
El intento de la administración Trump de reinterpretar la Enmienda 14 para negar la ciudadanía a niñ@s nacid@s en el país de madres indocumentadas no es solo jurídicamente insostenible, sino también una amenaza directa al principio de igualdad ante la ley que ha definido a Estados Unidos desde su reconstrucción tras la Guerra Civil.
La Enmienda 14, ratificada en 1868, fue clara al declarar que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos”.
Este principio fue ratificado por la Corte Suprema en 1898 en el histórico caso de Wong Kim Ark, cuando el tribunal determinó que los hijos de inmigrantes, sin importar su estatus, nacidos en territorio estadounidense, son ciudadanos plenos.
El argumento de la administración Trump, que sostiene que “jurisdicción” equivale a “lealtad política” o “allegiance”, no tiene sustento histórico ni legal, como lo han mencionado decena de abogad@s y catedrátic@s en leyes de muchas universidades de todo el país.
Y es que cuando la Enmienda 14 fue aprobada, no existían categorías de inmigrantes “legales” o “ilegales” como las entendemos hoy.
Cabe recordar, que no fue sino hasta la aprobación de la racista Ley de Exclusión China en 1882 que comenzaron las restricciones migratorias modernas.
Por lo tanto, los redactores y ratificadores de la Enmienda jamás contemplaron la diferenciación que hoy busca imponer Turmp y sus abogad@s.
El argumento también ignora que la ley constitucional estadounidense no hereda castigos, o condiciones legales a los hij@s por los actos o el estatus de sus padres, lo cual es clave en la interpretación de la ley y que l@s Magistrad@s de la Corte Suprema deben de recordar y tener en cuenta.
Esta es una tradición jurídica profundamente enraizada en el derecho estadounidense y en la filosofía liberal occidental.
El intento de modificar esta doctrina no solo desafía la letra de la Constitución, sino que también pone en riesgo a cientos de miles de niñ@s nacid@s en este país, cuyos únicos “pecados” son haber nacido de padres que cruzaron la frontera sin documentos.
Pero como es el MO de la administración Trump, a ell@s sólo les importan los inmigrantes de ascendencia anglo y europea, sino hay que ver el circo que armó el sábado pasado anunciando que extendían la mano a los “pobrecitos blancos segregad@s de Sudáfrica”.
Sí, así de sin vergüenza se ha convertido la política migratoria estadounidense, que es manipulada y controlada por no otro que el racista y resentido de Stephen Miller, principal asesor de Trump en tema migratorios.
Más preocupante aún es el trasfondo político de esta maniobra.
En lugar de proponer soluciones reales y sostenibles para el sistema migratorio estadounidense, la estrategia de Trump se reduce a agitar temores, sembrar divisiones y movilizar a su base electoral con falsas promesas de control y exclusión.
Esta narrativa no es nueva. Ha sido utilizada a lo largo de la historia para marginar a distintas comunidades, desde los irlandeses y los italianos hasta los asiáticos y ahora l@s latinoamerican@s.
La verdadera discusión que debería tener el país no es cómo redefinir el concepto de ciudadanía para excluir, sino cómo reformar el sistema migratorio para integrar a quienes ya son parte del tejido social y económico de Estados Unidos.
Negar la ciudadanía a niñ@s nacid@s en este suelo no resolverá la migración indocumentada, no fortalecerá la economía, ni hará más seguro al país.
Solo profundizará la desigualdad, la discriminación y la incertidumbre legal.
Es alentador que hasta ahora, tribunales inferiores hayan bloqueado la orden ejecutiva y que la Corte Suprema, tanto sus jueces liberales como conservadores, muestren señales de escepticismo ante semejante interpretación forzada de la Constitución.
El tribunal tiene la responsabilidad histórica de reafirmar lo que ha sido ley durante más de un siglo y frenar los intentos de manipular el derecho constitucional con fines políticos.
La Constitución es un pacto social que ha permitido a Estados Unidos ser un refugio de libertades y oportunidades.
No puede ni debe ser convertida en un arma electoral que pisotee los derechos de los más vulnerables.
La ciudadanía no es un privilegio que se otorga por decreto presidencial; es un derecho constitucional que debe seguir siendo protegido por encima de las tentaciones populistas.
