Piden acceso a banco de ADN del gobierno
Por Agencias
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Decenas de organizaciones exigirán a Estados Unidos que comparta datos de ADN para buscar a inmigrantes fallecidos, lo que acabaría con un calvario que viven miles de personas.
El 20 de mayo de 2006, Ana Concepción Ortiz salió de San Salvador hacía Nueva York, donde unas primas la esperaban con trabajo.
Cruzó Guatemala y México con coyotes que le dieron credenciales falsas y al llegar a la frontera con Texas se le perdió la pista, explica su marido, Santos Pastor Paulino.
Su cuerpo fue encontrado cinco años y medio después, su identidad pasados otros cuatro años.
Su esposo y sus dos hijos no descansaron hasta octubre de 2017, cuando enterraron sus restos de vuelta en El Salvador.
Hasta entonces hubo casi 11 años y medio de dolor, incertidumbre y desesperación.
Ya casi habíamos perdido la esperanza”, dice Paulino a la Associated Press.
Reducir esta agonía, que a este hombre le costó incluso perder su casa por no poder acreditar si su esposa estaba viva o muerta, es lo que quieren las más de 40 organizaciones sociales, oficiales y académicas latinoamericanas y estadounidenses que pidieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una audiencia en Colorado, que Estados Unidos permita el cruce masivo de toda la información genética de la que dispone.
Este intercambio de perfiles de ADN a gran escala podría facilitar la identificación de miles de restos de migrantes encontrados en la frontera con México y que ahora se acumulan en fosas o morgues.
Solo en el condado de Pima, en Arizona, cuyo servicio forense es ejemplo de buenas prácticas, hay 988 restos anónimos de personas que intentaron cruzar ilegalmente a Estados Unidos, según los datos de su informe de 2017.
El gobierno estadounidense se ha negado a permitir este cruce masivo de datos desde antes de la administración de Donald Trump, cuando algunos colectivos como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) comenzaron a solicitarlo.
Este viernes, sin embargo, será la primera vez que la CIDH aborde el asunto y aunque su pronunciamiento no será de obligado cumplimiento para Washington, los peticionarios sí esperan que las autoridades se muestren más receptivas y se sensibilice a la opinión pública para que haya más presión social con este tema.
“Hay soluciones. Lo que nos está impidiendo atajar la angustia y la preocupación de miles (de familias de migrantes desaparecidos) es la burocracia federal (…) y la falta voluntad política”, garantizó Roxana Altholz, directora del departamento de Derechos Humanos de la Universidad de Berkeley, en California.
Según explicó a la AP, Estados Unidos tiene los recursos y la tecnología necesarios para permitir ese intercambio, ya que el FBI cuenta con un banco federal de ADN y no existen bases legales que lo impidan.
Sin embargo, las autoridades federales han esgrimido argumentos que, a su juicio, no se sostienen.
Uno ha sido decir que está prohibido el uso de fondos federales para identificación de personas indocumentadas “y eso es totalmente falso”, apuntó la directora. ν
