La Junta de Supervisores aprobó una política de tres partes para proteger propiedades públicas, reforzar la seguridad electoral y analizar restricciones contra futuros centros de detención migratoria. La supervisora Laura Capps dijo a El Latino que la medida busca enviar un mensaje claro a las familias inmigrantes: “Sus líderes los están apoyando”.
Por Redacción
redaccion@latinocc.com
En una decisión de alto significado político y comunitario, la Junta de Supervisores del Condado de Santa Bárbara aprobó una política de tres partes en respuesta a los operativos federales de inmigración realizados en la región y al temor creciente que esas acciones han generado entre familias inmigrantes, trabajadores latinos y residentes que dependen de servicios públicos locales.
La medida, impulsada por la supervisora Laura Capps y el supervisor Roy Lee, establece límites al uso de propiedades del condado para acciones civiles de inmigración, ordena reforzar la protección del proceso electoral de cara a las elecciones de noviembre y pide analizar herramientas legales de uso de suelo y zonificación para impedir o limitar futuros centros de detención migratoria en áreas no incorporadas del condado.
Para la demócrata, la aprobación de esta política responde a una responsabilidad básica del gobierno local: garantizar que los residentes puedan acudir a clínicas, parques, edificios públicos, tribunales, estacionamientos y oficinas del condado sin miedo a ser detenidos por agentes federales de inmigración, salvo que exista una orden judicial válida.
“Serán firmados muy pronto documentos que indican que estos lugares están protegidos contra la aplicación federal de las leyes de inmigración”, explicó Capps en entrevista con El Latino.
La política no elimina la autoridad federal ni impide que agentes del ICE actúen cuando cuentan con una orden judicial, pero sí establece una posición local clara: los espacios públicos del condado no deben ser utilizados sin autorización para operativos civiles de inmigración.
“Si tienen una orden, entonces este límite no se aplica. Si cuentan con una orden judicial de arresto, esta protección no procede. Pero si no la tienen, y hasta ahora no ha sido así, utilizan aparcamientos y espacios públicos para sus actividades; ahora estamos dejando muy claro al público que eso no está permitido”, explicó Capps.
Tres medidas centrales
La primera parte de la política crea una norma de uso y preservación de propiedad del condado.
Esa medida prohíbe el uso no autorizado de terrenos, edificios, estacionamientos, parques, clínicas y otras instalaciones del condado para actividades civiles de cumplimiento migratorio, excepto cuando la ley lo exija o cuando los agentes federales presenten una orden judicial válida.
Para defensores de derechos de inmigrantes, este punto es crucial porque algunos operativos federales han ocurrido cerca de espacios públicos o han utilizado áreas de estacionamiento y zonas comunitarias como puntos de vigilancia o detención.
Capps asegura que la preocupación es que esa presencia genere miedo entre residentes que necesitan acudir a servicios médicos, comparecer ante una corte, hacer trámites, pedir ayuda o participar en actividades públicas.
La segunda enmienda aprobada es para proteger las elecciones locales.
La Junta pidió esfuerzos coordinados para prevenir intimidación de votantes y ampliar la educación pública sobre cómo votar de manera segura en el Condado de Santa Bárbara.
Esto incluye materiales informativos de “Conozca sus derechos” y campañas de alcance comunitario para que los votantes entiendan que las elecciones son administradas por el condado, no por el gobierno federal.
Capps enfatizó que ese mensaje será especialmente importante antes de noviembre.
“Tenemos mucho que decir. Queremos asegurarnos de que la gente entienda que las elecciones las administra el condado, no el gobierno federal ni el estatal”, indicó Capps.
Para la Supervisora las elecciones en el condado serán seguras y libres.
“Es seguro votar y acudir a un lugar de votación. La papeleta estará protegida. Recomiendo votar con anticipación para asegurarse de que el voto llegue a tiempo y no se retrase en el correo”, recalcó.
La tercera parte de la política ordena un análisis de herramientas de uso de suelo, permisos y zonificación para limitar o prohibir futuros centros de detención migratoria en zonas no incorporadas del condado.
Aunque autoridades federales no han anunciado públicamente un proyecto específico de ese tipo en Santa Bárbara, la medida busca preparar al Condado ante cualquier intento futuro de instalar una cárcel migratoria o centro de procesamiento en terrenos bajo jurisdicción local.
En conjunto, las tres medidas representan una respuesta institucional a un problema que líderes locales describen no sólo como migratorio, sino también como un asunto de seguridad pública, derechos civiles, acceso a servicios y participación democrática.
MIEDO Y DEMOCRACIA
La aprobación ocurre en un clima de fuerte tensión nacional por las políticas migratorias del presidente Donald Trump y por las denuncias de operativos agresivos del ICE en comunidades latinas.
Capps aseveró que nunca imaginó ver un momento político en el que tantas personas sintieran temor de realizar actividades cotidianas o de participar en la vida pública.
“Nunca habría imaginado que en 2026 estaríam@s tan nervios@s porque nuestra democracia estaría en peligro, que tendríamos un presidente que dice que se hará cargo y nacionalizará nuestras elecciones, que la gente tendría miedo de ir a la iglesia, al supermercado, o que podrían ser secuestrados en la calle”.
Ese temor, según la Supervisora, tiene efectos más amplios que una detención individual.
“Cuando una comunidad tiene miedo, las personas dejan de acudir a clínicas, evitan reportar delitos, faltan al trabajo, no participan en reuniones públicas y pueden incluso abstenerse de votar aunque sean ciudadanos con pleno derecho”.
Por eso, dijo, el Condado tenía que responder.
“La votación será segura y ellos solo necesitan hacer su parte; en cuanto a otros servicios, estamos haciendo lo que podemos. Solo deben saber que sus líderes los están apoyando”, aseguró.
EL PESO DE LA COMUNIDAD LATINA
La política tiene especial relevancia en un condado donde la comunidad latina es más del 55 por ciento de los más de 450 mil habitantes en el condado, por lo que forma parte esencial de la economía, la cultura y la vida diaria.
Es así como en Santa Bárbara, Santa María, Lompoc, Goleta y otras comunidades de la Costa Central, los trabajadores latin@s son parte fundamental de industrias como agricultura, construcción, servicios, restaurantes, hotelería, limpieza, comercio, cuidado de personas y pequeños negocios.
Capps fue enfática al describir el papel de l@s latin@s en la región.
“No son solo una parte, son la comunidad. Son el latido del corazón de la comunidad. Son el alma que define a Santa Barbara. Es la comunidad latina”, recalcó Capps.
Además, la Supervisora agregó que el tema migratorio ha sido una de sus prioridades desde hace años, incluso antes de formar parte de la Junta de Supervisores.
“Es algo extremadamente importante para mí. Soy muy apasionado. He trabajado en temas de inmigración durante mucho tiempo, especialmente cuando estuve en el Senado de los Estados Unidos y en Washington DC. Este es el asunto principal, el tema central en el que me he enfocado”, explicó.
Y es que para líderes comunitari@s, las políticas migratorias federales tienen un impacto directo sobre la economía local.
Cuando los trabajadores tienen miedo de salir de sus casas, acudir a sus empleos o llevar a sus hij@s a la escuela, el efecto se siente en los campos agrícolas, negocios familiares, restaurantes, hoteles y servicios públicos.
También golpea emocionalmente a familias con estatus migratorios mixtos, donde puede haber ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes, beneficiarios de programas temporales e integrantes indocumentados bajo el mismo techo.
LÍMITES Y CRÍTICAS
Capps reconoció que el Condado no puede impedir toda acción federal, ya que la autoridad migratoria pertenece al gobierno federal y, cuando existe una orden judicial válida, las protecciones locales tienen límites.
Sin embargo, la Supervisora rechazó el argumento de que la política interfiera con la aplicación legítima de la ley migratoria.
“Se trata del condado. Sabemos que lo que el ICE está haciendo sobre el terreno tiene muy poco que ver con la aplicación de las leyes de inmigración. Se trata de infundir miedo. Creo que el sistema de inmigración está roto”.
Al ser cuestionada sobre si considera que los operativos recientes se enfocan en perfil racial, Capps respondió que eso es evidente.
“Sí, incluso un juez federal ya estableció eso, incluso en relación con Los Ángeles. Sí, claro, es lo que está pasando en el Home Depot”, enfatizó.
La Supervisora se refiere a una de las preocupaciones más frecuentes entre defensores de trabajadores inmigrantes: que los operativos se concentren en lugares asociados con jornaleros, trabajadores latin@s o comunidades de color.
LA CÁRCEL Y EL ALGUACIL BROWN
Capps además abordó la relación entre autoridades locales y agencias federales, especialmente en torno al uso de la cárcel del Condado y el papel del Alguacil del Condado, Bill Brown.
La demócrata compartió que la Junta de Supervisores continúa solicitando información sobre detenciones y prácticas dentro de la cárcel, un tema que ha generado preguntas entre defensores de inmigrantes y residentes preocupados por posible colaboración con autoridades federales.
“Estamos solicitando constantemente más información sobre las detenciones en la cárcel, y él se presentará ante nosotros en junio para responder a esas preguntas”, recalcó Capps.
La comparecencia del Alguacil será para aclarar cómo se manejan las detenciones, qué información se comparte con agencias federales, y qué políticas existen para evitar que residentes inmigrantes pierdan confianza en las instituciones locales.
Y es que para much@s alguaciles y jefes de policía locales de varias ciudades en todo el país, la confianza pública puede debilitarse si la comunidad latina cree que cualquier contacto con ellos podría tener consecuencias migratorias negativas.
POSIBLES MEDIDAS FUTURAS
Aunque la aprobación de la política marca un paso importante, Capps explicó que está dispuesta a considerar acciones adicionales si los operativos federales continúan o si aumenta el temor en la comunidad.
“Claro que estoy abierto a ello. Tuve la suerte de que este se aprobara por 4 votos a 1 y que la parte relacionada con las elecciones se aprobara por unanimidad”.
Ese resultado muestra que, aunque no tod@s los integrantes de la Junta respaldaron cada componente, sí hubo consenso amplio en la necesidad de proteger el proceso electoral.
La aprobación de la política también coloca al Condado de Santa Bárbara dentro de un debate estatal más amplio.
En varias ciudades y condados de California, autoridades locales están revisando hasta dónde pueden llegar para proteger a familias inmigrantes sin violar la ley federal.
Algunas comunidades han limitado la cooperación con ICE, otras han fortalecido campañas de derechos civiles y varias han buscado evitar que instalaciones locales sean utilizadas para detención migratoria.
En Santa Bárbara, la medida aprobada por l@s Supervisores trata de mitigar esas preocupaciones bajo una sola misión: proteger espacios públicos, proteger el voto y prevenir centros de detención.
