Por Redacción
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El senador estadounidense Chris Van Hollen, demócrata por Maryland, denunció este jueves que soldados salvadoreños le impidieron el acceso a la prisión de máxima seguridad donde se encuentra detenido Kilmar Ábrego García, un inmigrante salvadoreño deportado desde Estados Unidos a pesar de una orden judicial que impedía su expulsión.
Van Hollen se encuentra en El Salvador como parte de una delegación que busca presionar por la liberación de Ábrego García, quien residía en Maryland antes de ser deportado por la administración Trump en marzo. El legislador dijo que su vehículo fue detenido a unos tres kilómetros del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión que ha sido ampliamente criticada por organizaciones de derechos humanos.
“Nos detuvieron porque tienen órdenes de no permitirnos avanzar”, afirmó Van Hollen en una rueda de prensa.
La visita ocurre en medio de una disputa diplomática y política que involucra a los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos. La administración del expresidente Donald Trump, así como el gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele, han rechazado facilitar el regreso de Ábrego García, incluso cuando la Corte Suprema de EE. UU. solicitó que se respetara el fallo que impedía su deportación.
Funcionarios estadounidenses han acusado a Ábrego García de tener vínculos con la pandilla MS-13. Sin embargo, sus abogados aseguran que no se ha presentado evidencia concreta y que nunca ha sido acusado de delitos relacionados con actividades criminales.
“Ábrego García no ha tenido ningún contacto con su familia ni con sus abogados desde que fue detenido. No se sabe nada sobre su estado de salud o bienestar”, denunció Van Hollen. Añadió que el detenido debería tener acceso a su defensa legal, conforme al derecho internacional.
La situación ha generado divisiones en Washington. Mientras que la administración Trump y legisladores republicanos defienden la deportación como parte de una estrategia de mano dura contra la inmigración ilegal, los demócratas han criticado lo que consideran una violación al debido proceso.
“Este caso muestra el desprecio de Trump por el sistema judicial”, dijo el senador Cory Booker, demócrata por Nueva Jersey, quien también evalúa viajar a El Salvador para abordar el caso.
La Casa Blanca, bajo la dirección de Trump, ha reafirmado que no tiene planes de repatriar a Ábrego García. El miércoles, la portavoz Karoline Leavitt ofreció una conferencia de prensa junto a la madre de Rachel Morin, una mujer asesinada en Maryland en 2023 por un sospechoso salvadoreño que había ingresado ilegalmente al país.
La narrativa republicana se ha centrado en crímenes cometidos por inmigrantes indocumentados como justificación para endurecer las políticas migratorias. Legisladores como Riley Moore, republicano por Virginia Occidental, y Jason Smith, de Missouri, han visitado recientemente la prisión CECOT para respaldar las acciones de Trump.
Moore escribió en redes sociales que la instalación alberga “a los criminales más brutales del país” y expresó su determinación de apoyar las políticas migratorias del expresidente. Por su parte, Smith agradeció a Trump por incluir a “inmigrantes ilegales que cometieron actos violentos contra estadounidenses” en la prisión de alta seguridad salvadoreña.
Desde marzo, más de 200 inmigrantes venezolanos deportados desde EE. UU. también han sido enviados a la misma cárcel, en el marco de una campaña de seguridad del presidente Bukele que ha llevado al encarcelamiento de más de 84.000 personas, en su mayoría acusadas de pertenecer a pandillas.
Organizaciones de derechos humanos han acusado al gobierno salvadoreño de tortura y tratos inhumanos dentro del CECOT. Las autoridades locales niegan las acusaciones y defienden su política como necesaria para restaurar la seguridad.
A pesar de los obstáculos, Van Hollen aseguró que no cesará en sus esfuerzos por garantizar que se respeten los derechos de Ábrego García.
“No nos rendiremos hasta que se respeten sus derechos al debido proceso”, dijo. “Y habrá muchos más legisladores que vendrán a El Salvador si es necesario”.
El futuro de Ábrego García sigue siendo incierto, mientras continúan las presiones políticas, judiciales y diplomáticas para esclarecer su situación legal y garantizarle acceso a una defensa adecuada.
