Por Redacción
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Este fin de semana, la tensión se disparó en el área de Los Ángeles tras una serie de redadas migratorias que desencadenaron violentas protestas contra la administración Trump y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La decisión del presidente Donald Trump de desplegar 700 infantes de marina y 4.000 efectivos de la Guardia Nacional en la región, para respaldar la respuesta federal a los disturbios, ha marcado un capítulo polémico en su campaña de deportaciones masivas.
La ubicación de las redadas y las manifestaciones —en una ciudad de tendencia liberal dentro de un estado demócrata— ofreció a la Casa Blanca un escenario público estratégico, justo cuando Trump intenta demostrar avances en su política de expulsión de inmigrantes indocumentados y reforzar su narrativa de ley y orden.
El gobernador de California, Gavin Newsom, uno de los principales críticos de Trump, escribió en X que el despliegue militar era una “fantasía desquiciada de un presidente dictatorial”.
Las redadas en la segunda ciudad más grande del país ocurren en medio de una creciente presión por aumentar las cifras de arrestos y deportaciones, mientras la administración manifiesta su frustración con el ritmo actual de las operaciones.
Según NBC News, ICE arrestó a 2.200 personas solo el 4 de junio, un récord en un solo día. Entre ellos, cientos estaban inscritos en el programa “Alternativas a la Detención”, que permite la liberación supervisada de personas que no representan una amenaza inmediata.
Stephen Miller, subdirector de gabinete de la Casa Blanca y considerado el principal arquitecto de las políticas migratorias de Trump, declaró a Fox News que el objetivo es alcanzar los 3.000 arrestos diarios, frente a los 660 diarios durante los primeros 100 días del mandato. “El presidente Trump seguirá presionando para que esa cifra aumente cada día”, afirmó.
No obstante, gran parte de los arrestos al inicio de la presidencia de Trump se mantuvieron en niveles similares —e incluso inferiores— a los registrados en el último año de la administración Biden. La Casa Blanca dejó de publicar cifras diarias de deportación desde inicios de 2020.
Tom Homan, denominado “zar de la frontera” de la administración, reconoció que “no estaba satisfecho con las cifras” y que era necesario “aumentarlas”. Homan también indicó que se han expandido los equipos de ICE, previendo un incremento rápido de arrestos.
En paralelo, ICE ha enfrentado salidas de altos funcionarios, como Kenneth Genalo, jefe de deportaciones, y Caleb Vitello, director interino. La agencia ha calificado estos cambios como parte de una reestructuración para “cumplir con el mandato del presidente Trump y garantizar la seguridad de las comunidades estadounidenses”.
El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que entre los detenidos había personas con antecedentes por delitos sexuales, robo y narcotráfico. Sin embargo, defensores locales alegan que también se ha separado a familias y arrestado a inmigrantes sin antecedentes penales.
Durante una manifestación, la concejal Ysabel Jurado calificó la redada en un almacén del Distrito de la Moda como “violencia estatal impulsada por el miedo”, y no como un asunto de seguridad pública.
Aunque las encuestas muestran que las políticas migratorias de Trump cuentan con apoyo entre muchos votantes, algunos aliados han criticado las tácticas. Ileana García, senadora estatal de Florida y cofundadora de Latinas por Trump, escribió: “Esto no es por lo que votamos”. Afirmó que las medidas parecen más enfocadas en cumplir con un “objetivo de deportación autoinventado” que en proteger al país.
Las redadas se han replicado en estados de distintas inclinaciones políticas, con algunos gobiernos republicanos, como el de Tennessee, colaborando con las autoridades federales. En contraste, California se ha mostrado firme en su resistencia.
“La violencia y resistencia en las calles de Los Ángeles le dio a Trump una excusa para desplegar a la Guardia Nacional”, dijo John Acevedo, experto en derecho y protestas de la Universidad de Emory. “Para su base, esto tiene un gran impacto. Le permite mostrarse como un presidente decidido”.
En las calles de Los Ángeles, que se autodefine como ciudad santuario, los manifestantes denunciaron el papel asignado por el gobierno federal. “Esta es mi gente, lucho por nosotros”, dijo María Gutiérrez, ciudadana mexicoamericana que protestó en Paramount, donde residentes reportaron presencia de agentes del ICE.
Las protestas incluyeron saqueos, incendios de vehículos y enfrentamientos con las autoridades, que respondieron con balas de goma y gas lacrimógeno. Algunos residentes, como Gutiérrez, justificaron la reacción como defensa comunitaria ante una amenaza federal.
“No estamos asustados. Esta es nuestra ciudad y sabemos cómo protegernos”, dijo Gutiérrez, aunque también subrayó que los inmigrantes violentos deben enfrentar consecuencias.
No todos en la comunidad comparten esa postura. Juan, inmigrante naturalizado que vive en Paramount, dijo que aunque tiene familiares indocumentados, apoya al ICE: “Los agentes tienen un trabajo que hacer. Un delito es un delito”.
