Por Redacción
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La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este viernes al gobierno de Donald Trump suspender el programa de “parole” humanitario que permitía a inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela vivir y trabajar temporalmente en el país, en un nuevo revés para cientos de miles de migrantes que contaban con esa protección.
La decisión del alto tribunal —emitida sin firma y con la disidencia de las juezas liberales Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson— no es definitiva, pero permitirá al gobierno avanzar en su intención de revocar este beneficio mientras continúa la disputa legal en instancias inferiores.
La medida, considerada uno de los pilares de la política migratoria de la administración de Joe Biden, beneficiaba a cerca de medio millón de personas. El programa fue lanzado en 2023 y exigía que los solicitantes tuvieran un patrocinador en Estados Unidos y superaran una revisión de antecedentes.
La administración Trump, que ha impulsado un giro radical en la política migratoria desde su regreso al poder, firmó un decreto el mismo día de su investidura para cancelar el programa. Alegó que la medida socava los esfuerzos del gobierno por disuadir la inmigración irregular en la frontera sur.
Según documentos presentados ante la Corte, el gobierno argumentó que las órdenes de tribunales inferiores que bloquearon temporalmente la cancelación del “parole” perjudicaban políticas migratorias “cuidadosamente calibradas” y afectaban las prerrogativas del poder ejecutivo. Para Trump, la suspensión del programa representa una prioridad estratégica para restringir los flujos migratorios desde América Latina y el Caribe.
Un programa con historia
El “parole” tiene décadas de existencia en el sistema migratorio estadounidense. Fue utilizado por primera vez durante la presidencia de Dwight D. Eisenhower para acoger a miles de refugiados húngaros tras la represión soviética. Desde entonces, ha servido como una herramienta discrecional para conceder estadía temporal a personas por razones humanitarias u otras urgentes.
Durante el gobierno de Biden, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ejerció esa autoridad para implementar el programa dirigido a migrantes de países con crisis humanitarias severas. Sin embargo, la disputa legal se centra en si el gobierno tiene potestad para revocar el beneficio de manera colectiva o si debe hacerlo caso por caso.
La jueza federal de distrito Indira Talwani, nominada por Barack Obama, falló en mayo a favor de mantener temporalmente el programa mientras se revisaban las solicitudes individualmente. Pero esa decisión fue impugnada y, finalmente, escaló a la Corte Suprema.
Un tribunal federal de apelaciones en Boston también expresó dudas sobre la legalidad de cancelar el programa en bloque. Dos de los tres jueces de ese panel fueron designados por Biden y uno por Obama.
Incertidumbre para miles
Para los beneficiarios, el fallo del tribunal implica una creciente incertidumbre. Muchos habían planeado su futuro en Estados Unidos contando con ese estatus temporal, que además les permitía trabajar legalmente. Algunos ya enfrentan órdenes de deportación inminente.
El programa de “parole” es solo una de más de una docena de medidas migratorias que la administración Trump ha intentado revocar en sus primeros meses de gobierno. La Corte Suprema ya permitió al gobierno restringir otro programa que otorgaba permisos de trabajo a cientos de miles de venezolanos.
Además, está pendiente una decisión sobre la polémica propuesta del presidente para eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento, una política que, de implementarse, marcaría un cambio radical en la interpretación de la Constitución estadounidense.
