Por Redacción
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Un grupo de senadores demócratas está exigiendo respuestas al gobierno federal sobre el uso de dispositivos de inmovilización corporal en vuelos de deportación, tras revelaciones que apuntan a posibles abusos y violaciones de derechos humanos por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
En una carta enviada el jueves a los principales funcionarios de inmigración, once senadores calificaron de “secreto casi total” el manejo que el ICE mantiene sobre sus operaciones aéreas y el uso del dispositivo de restricción conocido como WRAP, un arnés de color negro y amarillo que inmoviliza completamente el cuerpo de una persona.
El documento, liderado por el senador Chris Van Hollen, de Maryland, insta a la agencia a suspender de inmediato el uso del WRAP hasta que se esclarezcan sus políticas y se publiquen informes completos sobre cuántos migrantes han sido sometidos a este tipo de inmovilización durante su deportación.
“Creo que es muy problemático”, dijo Van Hollen en declaraciones a The Associated Press. “El público tiene derecho a saber cómo se están tratando a las personas bajo custodia federal. Quieren mantener a la gente en la oscuridad, y eso no es aceptable”.
Los senadores advierten que la falta de transparencia y los reportes de uso prolongado del dispositivo durante horas podrían constituir un patrón de abuso sistemático dentro de las operaciones del ICE. Entre los firmantes también se encuentran Elizabeth Warren, de Massachusetts; Cory Booker, de Nueva Jersey; Alex Padilla, de California; Tammy Duckworth, de Illinois, y otros seis legisladores demócratas.
Investigaciones y denuncias por violaciones a derechos humanos
La carta senatorial hace referencia directa a una investigación de The Associated Press publicada a inicios de octubre, que documentó varios casos en los que agentes del ICE utilizaron el WRAP en personas deportadas desde 2020. Algunos detenidos habrían permanecido amarrados por lapsos prolongados mientras eran transportados en vuelos de deportación, sin acceso al baño ni posibilidad de moverse.
Varias demandas federales han descrito el uso del WRAP como una forma de castigo físico e incluso tortura. Los demandantes argumentan que la práctica viola las regulaciones federales sobre el uso de la fuerza y los estándares internacionales de derechos humanos.
Los defensores de migrantes también han denunciado que el ICE no lleva un registro público del uso de estos dispositivos, como lo requiere la ley federal. Esa falta de documentación, advierten, impide determinar cuántas personas han sido sometidas al WRAP y bajo qué circunstancias.
“Cuando una organización como el DHS no quiere transparencia, es porque no quiere que el público sepa lo que está haciendo”, declaró Van Hollen, refiriéndose al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que supervisa las operaciones del ICE.
La investigación de la AP también identificó al menos una docena de muertes en la última década relacionadas con el uso del WRAP por parte de policías o guardias carcelarios en distintas jurisdicciones. En varios de esos casos, las autopsias concluyeron que la inmovilización contribuyó directamente al fallecimiento de las víctimas, al restringir su respiración o provocar asfixia posicional.
Los críticos del dispositivo sostienen que su uso en personas bajo custodia, especialmente durante vuelos de larga duración, podría representar un riesgo letal. Entre las víctimas documentadas se incluyen personas con condiciones médicas preexistentes o en crisis de salud mental.
“Las tácticas brutales e inhumanas del ICE continúan poniendo en peligro vidas humanas en todo el país”, señaló el activista Luis Ramírez, portavoz de la organización Human Rights for Immigrants. “El ICE está actuando fuera de la supervisión y sin rendición de cuentas. Eso no puede continuar”.
Ramírez y otras organizaciones han pedido al Congreso establecer un mecanismo independiente de vigilancia que supervise el uso de fuerza dentro del sistema de deportaciones y garantice el cumplimiento de los derechos humanos.
Demandas de transparencia y reformas
Los senadores que firmaron la carta también exigen que el DHS entregue un informe detallado sobre las políticas que rigen el uso del WRAP, la capacitación del personal involucrado y los protocolos médicos aplicados a quienes son sometidos al dispositivo.
En particular, solicitan que se informe cuántas veces ha sido utilizado en vuelos de deportación desde 2020, qué supervisión médica hubo en cada caso y si se registraron incidentes adversos o lesiones.
Van Hollen subrayó que el Congreso debe contar con información completa para evaluar si el ICE está cumpliendo con la ley. “Si no pueden garantizar que estos procedimientos son seguros y humanos, entonces deben detenerse”, afirmó.
La preocupación llega en un momento en que la administración de Donald Trump ha endurecido nuevamente las políticas migratorias y ha reactivado deportaciones masivas hacia países de América Latina y el Caribe, utilizando vuelos contratados por empresas privadas. Estas compañías suelen operar sin supervisión pública y con escasa rendición de cuentas.
Expertos legales advierten que, de confirmarse un patrón de uso excesivo del WRAP, el ICE podría enfrentarse a litigios por violaciones al Cuarto y Octavo Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que prohíben detenciones arbitrarias y castigos crueles o inusuales.
“Estamos viendo cómo los mecanismos diseñados para garantizar seguridad se convierten en herramientas de abuso”, explicó Sarah Meza, abogada especializada en derechos humanos con sede en Los Ángeles. “No hay justificación para someter a una persona deportada, ya esposada y bajo custodia, a una inmovilización completa del cuerpo”.
Diversas organizaciones civiles han instado al Congreso a aprobar legislación que limite el uso de dispositivos de restricción en vuelos de deportación y garantice que los migrantes reciban un trato digno, especialmente en casos donde hay niños, mujeres embarazadas o personas con condiciones médicas.
Hasta el momento, el DHS no ha respondido públicamente a la carta de los senadores ni a las solicitudes de información de la prensa. Sin embargo, un portavoz del ICE dijo a la AP que la agencia “prioriza la seguridad de todos los involucrados en las operaciones aéreas” y que el WRAP “solo se utiliza en circunstancias excepcionales y bajo supervisión médica”.
Las declaraciones no han satisfecho a los legisladores, quienes insisten en que la opacidad del ICE contribuye a un clima de impunidad. “La única manera de garantizar que los derechos humanos se respeten es con transparencia y supervisión efectiva”, reiteró Van Hollen.
Mientras tanto, defensores y familiares de personas deportadas continúan exigiendo justicia. Muchos aseguran que sus seres queridos regresaron con lesiones visibles o traumas psicológicos tras haber sido inmovilizados durante horas.
La investigación periodística y la presión política podrían abrir un nuevo capítulo en el debate sobre el trato a migrantes bajo custodia federal, en medio de crecientes llamados a humanizar el sistema de deportaciones y a rendir cuentas por los abusos cometidos en nombre de la seguridad nacional.
